Fronteras y vidas dañadas: Birmania en el exilio

Un viaje más dentro de la típica minivan que transporta a cientos de pasajeros de un lado a otro de Tailandia. Esta vez camino a Mae Sot, una ciudad a 5 kilómetros de la frontera con Birmania[1] y uno de los pocos puestos habilitados para cruzar por tierra al país vecino. A primera vista, todos los pasajeros parecen tailandeses y el ambiente es bastante relajado, aunque esta sensación dura poco.

El vehículo para en seco y dos policías se acercan con semblante serio. Abren la puerta y piden la documentación a todos los pasajeros menos a nosotros. Los dos chicos jovencitos de la última fila no parecen tener nada que enseñar. El policía los mira con dureza, grita algo en tailandés y les indica que bajen. Los chicos se miran un poco asustados, no deben de tener más de 16 años y sólo llevan consigo una mochila pequeña, de las del colegio. Bajan de la furgoneta ante el silencio de todos los demás y como si se tratase de algo natural, uno de los pasajeros cierra la puerta y el conductor emprende la marcha, sin esperar a que la policía le diga que puede irse o ver qué pasa con los dos jóvenes que acaba de dejar atrás. Desde Sukhotai hasta Mae Sot se suceden 4 controles policiales y sólo en uno, casi por aparentar, tuvimos que enseñar el pasaporte.

Esta vez no buscaban turistas sin documentar, cada una de las inspecciones era para detectar a birmanos sin documentación. En el mejor de los casos, la policía deportará a los dos jóvenes que volverán a cruzar cuándo puedan; les multará con una “mordida” que no podrán pagar y les convertirá en esclavos de quien la liquide o les encerrarán en un centro de detención, dónde podrán pasar años en espera. En el peor, acabarán en manos de las mafias que reclutan a niños y jóvenes para la prostitución, la venta de droga o la extracción y tráfico de órganos. Cualquier negocio ilícito es susceptible de desarrollarse justo en esta frontera, delimitada de forma natural por un río.

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Explotación laboral, corrupción y tráfico ilegal de personas, una realidad de difícil escapatoria

No se trata, por tanto, de la suerte de dos jóvenes aislados. En Tailandia viven al menos 2 millones de personas birmanas en situación administrativa irregular, sin derechos ni garantías, ni registradas en ninguna parte. A éstas se le suman los 160.000 refugiados oficiales que viven en los 9 campos gestionados por ACNUR (el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados) a lo largo de la frontera entre Tailandia y Birmania. De todos ellos, sólo en la zona de Mae Sot, las ONG tiene registrados a 20.000 menores, aunque creen que la cifra es mucho mayor. Únicamente 9.000 están escolarizados, lo que deja a la mayoría en una situación de vulnerabilidad absoluta.

La vida de los birmanos en Tailandia no es nada fácil. Javier García, cofundador de la ONG española Colabora Birmania, nos recibe en su oficina para hablarnos precisamente de la realidad que viven los migrantes no reconocidos por la ONU como refugiados, al considerar que no sufren persecución en su propio país. Hablamos de aquellos que entran en la categoría de “migrantes económicos”, aunque aquí, en Mae Sot, muchos hayan sido perseguidos por formar parte de una minoría étnica, como los Karen, o por ser reconocidos opositores de la Junta Militar, que gobierna Birmania desde 1962. Aceptar estas pesquisas supondría aceptar que cumplen perfectamente los estándares de la Convención de Ginebra de 1951, que establece precisamente los requisitos para el refugio y el asilo por los que se rigen los países y la ONU[2], pero demostrarlo es complicado, y además, Tailandia jamás ha firmado dicho documento. Por lo que aquellos que no han ingresado en alguno de los 9 campos de ACNUR se consideran ilegales sin más.

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Javier lleva 7 años en Mae Sot desde que decidió fundar la ONG con 4 compañeros que conoció en sus viajes. Conoce bien a los birmanos y a los tailandeses. Habla con pasión y todavía se enfurece cuando relata la realidad con la que trabaja. “Los birmanos son la mano de obra barata de Tailandia”, explica, “los tailandeses aprovechan su situación irregular para pagarles una miseria a cambio de horas y horas de trabajo, especialmente en el campo o en fábricas textiles y tecnológicas, como Nikon en Bangkok”. Cobran alrededor de 2 euros al día con los que tienen que alimentar a sus familias, enviar dinero a su país y pagar la renta de las casas de bambú que les alquilan a los terratenientes, muchas veces los mismos que les dan trabajo. Para Javier, los birmanos viven en régimen de explotación total.

Un paseo por las calles de Mae Sot revela la presencia birmana. No obstante, la mayoría de familias no vive en la ciudad, sino en comunidades cercanas a la tierra que trabajan. Ninguna tiene agua corriente y sólo algunas tienen electricidad. No existe recogida de basura, ni baños y las condiciones son insalubres. Los controles policiales son frecuentes y obligan a los birmanos a pagar lo que se conoce como la mordida. Rebeca, otro miembro de Colabora Birmania, explica que la policía tailandesa es muy corrupta y que sólo hace los controles por dinero. Muchas veces, asegura, el terrateniente paga a la policía para que no moleste y otras, cuando la policía multa directamente un trabajador, éste queda en deuda con su explotador, que le ha liberado de la sanción. Cualquiera de las dos opciones deja al trabajador con los derechos a cero y el bolsillo… vacío.

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Ante este contexto de pobreza total, la ONG denuncia que a parte de los cuerpos de seguridad, la mafia se lleva la mejor tajada, muchas veces en colaboración con los mismos oficiales. “La semana pasada desaparecieron 3 menores”, asegura Javier, “dos niñas y un niño. Las primeras ya estarán en un burdel en Bangkok y el niño sospechamos que lo han matado para robarle los órganos, aunque todavía no se ha encontrado el cuerpo”. Desgraciadamente, las desapariciones de niños son una constante con la que la ONG se enfrenta diariamente. Cuentan que muchas veces son las propias familias las que venden a los hijos por dinero y que como no existen en censos ni nada, los menores, simplemente, desaparecen. Rebeca asegura que el 70% de las víctimas de trata acaban como mano de obra en empresas internacionales y el 30% en la prostitución y el tráfico de órganos.

Por ello, uno de sus proyectos es el colegio Kilómetro 42, en el que ofrecen varios programas educativos a niños y adolescentes y también posibilidad de dormir en el lugar. Marc, otro cofundador de la ONG, explica que la educación es algo importante por sí mismo pero que la fuerza del colegio radica en que actúa como centro social, y lo más importante, como protección. “Muchos niños cuando terminan la edad escolar a los 13 o 14 vuelven a trabajar a los sitios dónde lo hacen sus padres. Son pocos los que pueden continuar con estudios superiores pero aquí al menos tienen la posibilidad de estudiar, ser niños, volver a Birmania con educación y protegerse de las mafias de tráfico y abusos dentro de su comunidad”, detalla. Lo que más le cuesta de trabajar con este colectivo es que, tal como explica, tienen prácticas culturales difíciles de entender. “No tienen esa concepción de protección al menor y son muy patriarcales”, asegura.

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Esta visión del mundo junto con la situación de pobreza provoca que la educación no sea, por lo general y con excepciones, un valor añadido para los padres birmanos en el exilio, que a veces prefieren que sus hijos trabajen para contar con un sueldo más en casa. Javier explica como muchos niños acuden al colegio sólo porque les ofrecen una comida al día, en muchos casos, la única consistente que tendrán durante la jornada. Marc se ríe al recordar el nombre de otro de sus colegios, relacionado con este aspecto. “La guardería fue nuestro primer proyecto como ONG”, relata, “el dueño del lugar dónde dormíamos nos dijo que había una cabaña en la que acogían o cuidaban a niños birmanos y empezamos a ir para detectar las necesidades y ver si podíamos ayudar. Vimos que sólo comían arroz con chili y a veces alguna verdura, así que un día llevamos pollo y todos los niños se volvieron locos, ¡chicken!, ¡chicken!, gritaban. Desde aquél momento decían lo mismo cada vez que nos veían, nos hizo gracia y la llamamos la Chicken School”. A parte de este centro y el Kilómetro 42, Colabora Birmania gestiona dos orfanatos un poco más alejados de Mae Sot. Marc narra como muchas madres dan a luz y abandonan a los hijos recién nacidos. “Algunas historias de los niños del orfanato son muy duras, hay niños que han sufrido muchos abusos como que apaguen colillas en sus cuerpos”, lamenta.

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Así que aparte de proporcionar educación y comida, Colabora Birmania se antoja sobre todo una estructura de protección al menor, y también, una herramienta para el empoderamiento de los jóvenes birmanos y el cambio social. Todos los profesores y el staff de sus centros son birmanos (alrededor de 28 trabajadores) y en un periodo breve esperan que la ONG esté gestionada por gente local. Aung Myo Swe, de unos 22 años, ya trabaja en la oficina como asistente de proyectos y ahora están en proceso de contratar a una chica birmana. “Entrevistando a todas esas jóvenes he visto lo formadas que están”, asegura Rebeca, “a los 20 años han recibido cursos de empoderamiento de la mujer, de primeros auxilios, de igualdad… hay muchas ONG en la zona y se encargan de ello. Jóvenes como éstos son el futuro de Birmania”.

Otra de las ventajas de que los niños estén escolarizados es que obtienen un carnet renovable cada año que imposibilita su deportación. “Gracias a un acuerdo con el Ministerio de educación tailandés”, detalla Javier, “mientras los niños acuden al colegio están en situación legal, el problema es que los padres no, y muchas veces si los deportan los niños se quedan solos varios días durante los que son muy vulnerables a las mafias”.

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Refugiados birmanos en el mundo, en peligro por la “apertura” de su país

 Entre la gente que huye de Birmania, nos explican, hay perfiles muy diversos. Muchos huyen de la miseria (la mayoría de personas subsisten en su país con ingresos de entre 300 y 1.300 dólares anuales, según Colabora Birmania), otros pertenecen a minorías como las Karen que llevan años sufriendo la persecución de la Junta Militar, y otros son perseguidos por sus opiniones políticas. Estos dos últimos grupos entran, como decíamos, en la definición de refugiado de Ginebra y por lo tanto muchos están en los campamentos habilitados por ACNUR en la frontera (la ONU sólo acredita a los refugiados, no gestiona los campos, que dependen de las acciones de otras ONG internacionales).

En concreto son 160.000 personas, muchas de las cuáles llevan desde que se instaló el primer campamento hace 30 años sin volver a su país. Muchas otras han nacido incluso entre sus vallas: son birmanas, hablan birmano y usan tanaca para decorar y proteger su cara del sol, pero no saben cómo es su país. Jamás han estado allí y muchos no quieren volver. “Naciones Unidas y el gobierno tailandés llevan dos años en conversaciones para cerrar estos campos y ya no aceptan a nuevos refugiados”, explica Javier. Aparentemente, el gobierno birmano está construyendo otros centros en el país para que sus ciudadanos puedan ser reubicados.

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Javier opina que el hecho de que las potencias occidentales consideren a Birmania como una democracia desde que se celebraron las pasadas elecciones y ganara el partido de la activista Aung San Suu Kyi (NLD)es un problema para estas personas que de momento no comparten la esperanza e ilusión de los estados occidentales, que ya han levantado las sanciones al país birmano. Los refugiados dependen de la ONU ya que Tailandia, al no ser firmante de la Convención, no tiene ninguna obligación. ¿Qué pasará si cierran los campamentos? La respuesta es poco alentadora. Para Javier, lo más factible es que se relocalice a los refugiados en los nuevos centros de Birmania puesto que para la comunidad internacional el riesgo y la persecución ya no son una realidad.

Como os contaremos en otro post, esa “democratización” está bastante en entredicho y aunque entendemos que hay procesos que van poco a poco, como la transición española, los países del mundo no deberían de hacer la vista gorda ante la situación birmana sólo por conseguir un poco de influencia económica en el país, que acaba de abrir sus puertas a la inversión extranjera. Según Colabora Birmania, todavía hay 30 ejércitos étnicos activos y sólo 18 han firmado el último alto al fuego de 2015. Especialmente la del norteño estado de Kachin, el KAI, sigue reclutando jóvenes y niños a sus filas para forzar al gobierno a escuchar sus intereses. Además, la Junta Militar, según el último observador independiente de la ONU, sigue desplazando a personas, confiscando tierras, reclutando a niños para el ejército (se calcula que uno de cada cinco soldados del SPDC es menor de edad) y sometiendo a trabajos forzosos para el ejército a algunos nichos de población, sobre todo, a las minorías. Si bien es cierto que algunas libertades políticas como la de asociación y expresión se han incrementado, para Javier, la Junta Militar sigue teniendo la última palabra y el partido de la oposición, NLD, “las manos atadas”. En 2008, cuenta, los militares blindaron la Constitución de modo que el 25% de las sillas del parlamento están reservadas para su partido, “si contamos con que para aprobar una ley se necesita más del 75% de los votos a favor… no salen las cuentas”, afirma con tono irónico.

La democracia, por tanto, nace secuestrada y las minorías no ven un futuro muy claro. Muchas familias siquiera tienen a dónde volver porque sus pueblos fueron destrozados, las mujeres violadas, los niños entrenados como soldados del régimen, los hombres asesinados y el territorio minado para evitar la repoblación. “¿Dónde van a regresar?”, se lamenta Javier.

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Lamentablemente, su regularización en territorio tailandés está lejos de ser una posibilidad. Algunos niños en edad de preescolar son reubicados en escuelas tailandesas previo acuerdo y difícil negociación, pero no son una mayoría ni esta vía una oportunidad para la población birmana en general. Como en todo el mundo, los migrantes deben enfrentarse al peor de los estigmas, el del miedo y el nacionalismo. “Aquí odian a los birmanos y a los refugiados”, denuncia Javier con tono severo. “Lo que tiene el nacionalismo es que está lleno de falacias y odio, te hace sentir orgulloso de algo que es accidental (…). En Tailandia son muy nacionalistas, muy racistas y muy clasistas. Los birmanos son mano de obra barata y se aprovechan, saben que ellos son los amos y mientras sea así no les importa”, concluye tras muchos años de observación. Aún así, asegura que nuestros gobiernos son mucho peores y que Tailandia tiene de por sí un problema con la súper población de difícil solución.

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Además, la cuestión de los birmanos migrantes no es un asunto localizado sólo en el país de Siam ni en la frontera oeste, pues Tailandia es tanto destinación como lugar de paso. Sobre todo para la etnia rohingya, minoría que la Junta Militar no considera ciudadanos del país y que por tanto no tiene ningún tipo de derecho. Practican la religión musulmana y por ello muchos sueñan con llegar a Malasia o Indonesia, países donde el Islam es la religión del estado. Los rohingya están siendo masacrados de forma indiscriminada y varias ONG y activistas denuncian que se trata de un genocidio con todas las letras, ya que se les considera una de las minorías más perseguidas del mundo. Son la etnia que generalmente llena las pateras para cruzar de parte a parte el mar de Andamán quedando a la merced de las mafias que los saquean y los matan sin piedad. Javier cuenta como hace poco se encontraron en el sur de Tailandia varias fosas comunes con cadáveres birmanos y bengalíes.

“Las mafias los suben a los barcos y a mitad camino los paran, les obligan a llamar a la familia para pedirles más dinero y cómo la mayoría ya les han pagado todo lo que tenían, les asesinan o les dejan morir”, relata. Sin rescate, no hay vida que valga. “Además”, prosigue Javier, “estas mafias trabajan con beneplácito de las autoridades que reciben dinero por su silencio…ante esta situación, ¿a quién denuncias?”. Hace poco más de medio año, las autoridades tailandesas encontraron 28 campos de inmigrantes clandestinos en la frontera con Malasia, en los que hallaron 135 tumbas de personas rohingya y algún bengalí. La presión internacional se volvió hacia los altos cargos militares y el Bangkok Post afirmó que se encontró una transferencia bancaria a nombre de un militar en una redada contra las mafias de tráfico. Finalmente, un alto cargo del ejército, el general Manas Kongpan, fue interrogado por la justicia y está a la espera de juicio.

Durante el último punto crítico, en mayo de 2015, la ONU estimó que unas 8.000 personas rohingya se encontraban atrapadas en barcos a la deriva en el golfo de Bengala, a la espera de poder desembarcar en Tailandia, Malasia o Indonesia. Ninguno de estos países ha firmado la Convención de Ginebra, por lo que no tienen ninguna obligación de aceptar a refugiados. El primer ministro malasio, Najib Razak, asegura que viven en su territorio 120.000 birmanos en situación irregular e insta a Birmania a controlar sus fronteras. Por su parte, el primer ministro tailandés, Prayuth Chan-Ocha, insiste en que los rohingya que se identifiquen en el país serán deportados y tratados como cualquier otro inmigrante ilegal. E incluso Australia, en su línea habitual con el trato a refugiados, respondió a la ONU con una apabullante negativa. “No vamos a aceptar a nadie que entre por la puerta trasera y piense que subirse en un barco en manos de las mafias es una solución para él o su familia”, aseguró Tony Abbott, su primer ministro, al rotativo The Guardian.

La vida entre fronteras nunca es sencilla. La vida en un país que te obliga a vivir en la pobreza o la masacre, tampoco. Elegir es complicado, todo pesa, todo es bueno y malo a la vez, el momento determina la balanza, siempre hay una gota que colma el vaso. Viéndolo medio lleno, con optimismo, a Birmania le espera un futuro brillante, sus gentes saldrán adelante y probablemente, con un poco de tiempo, las condiciones de vida mejorarán y el país se estabilizará. La cuestión, no obstante, es cuánta gente perderá por el camino y cuántas vidas dañadas y frágiles se quemarán ante nuestra impasible mirada.

 

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Notas

[1] ¿Birmania o Myanmar? Tras pensarlo mucho, en Mochileando hemos decidido que nos referiremos al país con el nombre de Birmania (Burma en inglés) y no Myanmar. Razones las hay de muchos tipos para apoyar tanto uno como otro nombre (ver este artículo de la BBC ). En general, se alude al beneficio de Myanmar por que parece incluir a todas las minorías que viven en el estado, mientras que Birmania parece referirse sólo a la mayoritaria. No obstante, por las razones explicadas en este artículo de La Vanguardia, pensamos que esta razón no es del todo cierta y seguimos la argumentación de los partidos progresistas birmanos que utilizan “Burma” con mayor frecuencia y consideran que Myanmar es una imposición de la Junta Militar, que por otra parte, no respeta de ninguna manera a esas minorías.

[2] Los artículos de la Convención de Ginebra a los que nos referimos son sobre todo los comprendidos en el apartado 1, que definen el término refugiado. En concreto, el 1.2 que establece que: “(el término refugiado se aplicará a la persona que… ) debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él”.

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